Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública

Ley
383-D-2009
Comisión de Legislación General y del Trabajo

 

LEY DE ETICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA

 CAPITULO I
Objeto y Alcances
 
Artículo 1º: Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el comportamiento ético en el ejercicio de la función pública mediante el establecimiento de principios generales y normas de conducta, así como de mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

Art. 2º: Alcances. Quedan alcanzadas por la presente ley todas las personas que se desempeñan en la función pública, en forma temporal o permanente; remunerada u honoraria; por elección popular, por designación directa, por concurso u otro medio legal; en nombre o al servicio del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cualquiera de sus poderes u organismos, en todos sus niveles jerárquicos, organismos descentralizados, entes autárquicos, organismos de control, organismos de seguridad social, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias.


CAPITULO II
Principios Generales

Art. 3º: Principios. Los sujetos alcanzados por la presente ley deben desempeñarse cumpliendo y haciendo cumplir estrictamente la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten, ajustando su conducta a los principios de:

a) Probidad: actuar con rectitud y honradez en procura de los intereses del Estado, al servicio del bien común;

b) Idoneidad: reunir las condiciones de idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y moral, para el acceso y ejercicio de la función pública;

c) Responsabilidad: cumplir debidamente las funciones para las cuales han sido elegidos o designados y rendir cuentas de su gestión;

d) Transparencia: actuar conforme al principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la actividad de la Administración.


CAPITULO III
Pautas de Comportamiento
 Deberes y Prohibiciones

 Art. 4º: Deberes. Sin perjuicio de lo establecido por otras normas o regímenes particulares, las personas comprendidas en la presente ley se encuentran obligadas a cumplir con los siguientes deberes:

a) observar y respetar los principios y normas de conducta ética establecidos en la presente ley;

b) desempeñar sus funciones en las condiciones de tiempo, forma, y lugar que las normas constitucionales, legales y reglamentarias determinen, encuadrando su cumplimiento en los principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral;

c) observar una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y funciones, en relación con sus superiores, pares y subordinados y con la ciudadanía en general;

d) guardar la confidencialidad correspondiente con respecto a todos los hechos e informaciones de los cuales tengan conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de secreto y reserva administrativa;

e) proveer en tiempo razonable la información que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías constitucionales;

f) proteger y conservar los bienes que integran el patrimonio de la Ciudad, evitando que se los utilice para actividades que no sean las legalmente establecidas;

g) denunciar ante la autoridad competente todo hecho, acto u omisión de los que tuvieran conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones que pudiera causar perjuicio a la Ciudad o configurar delito;

h) acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y/o técnicos necesarios para desempeñar con idoneidad el cargo para el que han sido elegidos o designados.


Art. 5º: Prohibiciones. Las personas alcanzadas por la presente ley tienen las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de las que otras normas o regímenes particulares establezcan:

a) valerse, directa o indirectamente, de las facultades o prerrogativas del cargo para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones o para realizar proselitismo o acción política;

b) utilizar con fines ajenos al servicio público, en beneficio propio o de terceros, los datos o información adquiridos con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones;

c) utilizar para fines ajenos al cumplimiento de sus funciones, en beneficio propio o de terceros, personal, bienes o recursos de la Ciudad;

d) aprovechar el cargo, para ofrecer u otorgar, directa o indirectamente, para sí o para terceros, beneficios o ventajas indebidas;

e) designar en la función pública a su cónyuge o conviviente, ascendientes y descendientes hasta el primer grado de consanguinidad;

f) desempeñar cualquier otro cargo público remunerado en la Ciudad, así como en el orden nacional, provincial o municipal, salvo en los casos contemplados en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 1026/2000).


CAPITULO IV
Conflicto de intereses
 Incompatibilidades
 
Art. 6º: Incompatibilidades. Sin perjuicio de las incompatibilidades propias de cada función, establecidas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus leyes y reglamentos, los sujetos alcanzados por la presente ley no pueden, hasta un año después de su egreso:

a) dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar, o de cualquier otra forma, prestar servicios, remunerados u honorarios, a personas de existencia visible o jurídica que exploten concesiones o privilegios de la Ciudad, o sean sus proveedores o contratistas, o gestionen la obtención de dichas adjudicaciones o beneficios, o realicen actividades reguladas por ésta, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional, directa o indirecta, respecto de la selección, contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades. Esta incompatibilidad se extiende a su cónyuge y/o convivientes;

b) ser proveedores, contratistas o explotar concesiones o privilegios otorgados por la Ciudad, o realizar gestiones tendientes a obtener dichas adjudicaciones o beneficios, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional, directa o indirecta, respecto de la selección, contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades. Esta incompatibilidad se extiende a su cónyuge y/o convivientes;

c) ser proveedores, por sí o por terceros, del organismo o dependencia donde desempeñan sus funciones;

d) patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen con sus funciones;

e) representar, patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales contra la Ciudad, salvo en causa propia. Esta incompatibilidad se extenderá hasta un año después de su egreso con respecto a todos los temas vinculados a las funciones desempeñadas.

Art. 7º: Obligación de declarar otras actividades. Las personas alcanzadas por la presente ley se encuentran obligadas a declarar, ante las dependencias de personal o de recursos humanos respectivas, cualquier otra actividad, empleo o función que desempeñen.

Art. 8º: Excusación. Sin perjuicio de los regímenes especiales, en caso de conflicto actual o potencial de intereses, los sujetos comprendidos en la presente ley deben excusarse de intervenir a través de una notificación fehaciente y debidamente fundada a la autoridad jerárquica correspondiente o, en su defecto, ante la autoridad de aplicación, quien resolverá conforme a la normativa vigente.

Art. 9º: Nulidades. Cuando los actos emitidos por los sujetos comprendidos en la presente ley estén alcanzados por los supuestos del artículo 6º, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen a la Ciudad.


Capítulo V
 Régimen de Obsequios y Otros Beneficios

Art. 10º: Prohibición de recibir obsequios y otros beneficios. Los sujetos comprendidos en la presente ley no pueden, directa o indirectamente, para si ni para terceros, solicitar o aceptar obsequios o donaciones, sean de bienes o servicios, dádivas, promesas u otras ventajas o beneficios indebidos, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones.

Art. 11º: Excepciones. Quedan exceptuados de las prohibiciones previstas en el presente capítulo:

a) los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos internacionales o entidades sin fines de lucro, en las condiciones en que la reglamentación o la costumbre lo admitan;

b)  los gastos de viajes y estadías recibidos de gobiernos, instituciones de enseñanza y entidades sin fines de lucro, para el dictado o la participación en conferencias, investigaciones o cursos académico-culturales, siempre que ello no resultara incompatible con las funciones del cargo o estuviere prohibido por normas especiales;

c) los regalos o beneficios de uso social o cortesía cuyo valor no supere el cinco por ciento del sueldo neto del agente o funcionario siempre que ellos no pudieran ser considerados, según las circunstancias, como un medio tendiente a afectar la voluntad de los sujetos alcanzados por la presente ley;

d) las donaciones destinadas a actividades de bien público, en las condiciones que la reglamentación u otras normas establezcan.

 

Capítulo VI
Régimen de declaraciones juradas patrimoniales

Art. 12º: Sujetos obligados. Quedan comprendidos en la obligación de presentar declaración jurada patrimonial:
 
a) el Jefe y Vice-Jefe de Gobierno, los Ministros, Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales y Directores Generales Adjuntos del Poder Ejecutivo;

b) los Diputados de la Ciudad, Secretarios, Subsecretarios y Directores Generales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;

c) los miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Magistratura, el Fiscal General, el Defensor General, el Asesor General de Incapaces, los Camaristas, Jueces, Fiscales y Defensores, los Secretarios y Prosecretarios de todas las categorías mencionadas;

d) los miembros de las Juntas Comunales;

e) el Síndico General, el Procurador General, los Directores Generales de la Procuración, los miembros de la Auditoría General de la Ciudad, el Defensor del Pueblo y sus adjuntos y el Presidente y los vocales del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad;

f) los Directores, el Síndico, el Gerente General y Subgerente General del Banco de la Ciudad de Buenos Aires;

g) toda persona que administre un patrimonio público o de uso público, que tenga por función controlar o fiscalizar ingresos públicos, que integre comisiones de evaluación de ofertas y/o de adjudicación en licitaciones públicas y/o privadas de compra o contratación de bienes y/o servicios en que intervenga la Ciudad;

h) toda persona encargada del otorgamiento de habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también, todo encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o cualquier otro control en función de un poder de policía;

i) las personas que integren los organismos de control de los servicios públicos privatizados con categoría no inferior a la de Director General;

j) los directivos, síndicos e integrantes de los directorios de los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones, donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias;

k) los funcionarios policiales con rango no inferior a subcomisario.

Art. 13º: Oportunidad de presentación. Los sujetos enunciados en el artículo 12° deben presentar su declaración jurada patrimonial dentro de los treinta días corridos de su asunción. La misma debe ser actualizada anualmente y, por última vez, dentro de los treinta días corridos desde el cese del cargo.

Art. 14º: Contenido. La declaración jurada patrimonial debe contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante, de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos menores no emancipados. En especial, los que se indican a continuación:

a) bienes inmuebles y muebles registrables;

b) otros bienes muebles que tengan un valor individual superior a diez mil pesos ($ 10.000);

c) títulos de crédito, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en explotaciones personales o societarias;

d) depósitos, cuotas de fondos comunes de inversión y seguros de vida y/o retiro con capitalización, ya sean realizados en bancos u otras entidades financieras, nacionales o extranjeras, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera, cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito, como titular o adherente, consignando entidad emisora, y cualquier otro tipo de operación con entidades bancarias o financieras;

e) créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes;

f) ingresos y egresos derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales;

g) ingresos y egresos derivados de rentas o de sistemas previsionales;

h) si el obligado a presentar la declaración jurada estuviese inscripto en el régimen de impuesto a las ganancias y sobre bienes personales no incorporados al proceso económico, deberá acompañar copia de la última presentación que hubiese realizado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos;

i) en los casos de los incisos a), b) y c) del presente artículo, debe consignarse el valor que surja del instrumento de compra, la valuación fiscal, el valor de mercado, la fecha de adquisición y el origen de los fondos aplicados a cada una.

Art. 15º: Publicidad. Las declaraciones juradas patrimoniales son públicas y su contenido puede ser consultado por cualquier persona con la sola condición de su identificación, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 104 de Acceso a la Información (BOCBA N° 600/98). La información brindada se limitará a la enunciación y enumeración de los bienes que componen el patrimonio declarado. Los datos del requirente quedarán registrados en el archivo creado al efecto por la autoridad de aplicación.

Art. 16º: Confidencialidad. Son confidenciales los datos que individualicen los bienes inmuebles o los muebles registrables, los números de las cuentas, cajas de seguridad o cualquier otra cuenta o inversión bancaria. Dicha información sólo será suministrada a requerimiento de autoridad judicial.

Art. 17º: Forma de presentación. Las declaraciones juradas deben presentarse mediante el sistema de doble sobre, el que será instrumentado por la autoridad de aplicación, garantizando tanto la publicidad de la información como la confidencialidad de los datos que identifican los bienes consignados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15° y 16°.

En el acto de su presentación el declarante debe recibir una copia firmada, sellada, y fechada.

Art. 18º: Lugar de presentación. Las declaraciones juradas patrimoniales deben presentarse ante las dependencias de personal o de recursos humanos de cada uno de los organismos comprendidos en la presente ley. Dichas dependencias deben entregar al interesado una constancia provisoria de su recepción. A su vez, deben confeccionar un listado con los sujetos obligados a su presentación, el que será actualizado en forma permanente y remitido, junto con las declaraciones juradas, a la autoridad de aplicación, en el plazo y con las formalidades que la reglamentación establezca.

Las declaraciones juradas de los integrantes de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires deben ser presentadas ante la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura, conforme el Capítulo VI de la presente ley.

Art. 19º: Intimación. Las personas enunciadas en el artículo 12°, que no hayan presentado sus declaraciones juradas en la forma y plazo establecidos, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación para que lo hagan en el plazo de quince (15) días hábiles a partir de dicha notificación.

 Vencido ese plazo la autoridad de aplicación debe comunicar dicho incumplimiento a la autoridad con competencia para aplicar sanciones para que adopte las medidas previstas en el Capítulo VIII.


Capítulo VII
 Autoridad de aplicación
  Competencia y Procedimiento

Art. 20º: Autoridad de Aplicación. La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 21º: Competencia. La autoridad de aplicación tiene las siguientes atribuciones y funciones:

a) recibir e investigar las denuncias por violaciones a la presente ley, o actuar  de oficio ante el presunto incumplimiento de cualquiera de sus disposiciones, instruir el procedimiento, emitir dictamen y remitirlo a la autoridad con competencia para aplicar sanciones;

b) elaborar el formulario único de declaración jurada patrimonial, conforme a lo establecido en el capítulo VI de la presente ley;

c) recibir y registrar las declaraciones juradas patrimoniales remitidas por las respectivas dependencias de personal, siendo responsable de su custodia y archivo. Las declaraciones juradas deben ser archivadas por un término de diez (10) años contados a partir de la fecha de egreso del funcionario o por el plazo que impongan las actuaciones administrativas o judiciales que lo involucren;

d) extender a cada declarante una copia de su declaración jurada firmada, sellada, con constancia de la fecha de presentación, la cual será entregada por intermedio de las respectivas direcciones de personal. Dicha copia constituirá el recibo definitivo pero no implicará pronunciamiento alguno sobre los datos consignados en la declaración jurada;

e) publicar en su página web oficial la nómina de funcionarios obligados a presentar su declaración jurada patrimonial;

f) intimar fehacientemente a los sujetos comprendidos en el artículo 12°, que  no hayan presentado sus declaraciones juradas patrimoniales en tiempo y forma;

g) controlar la evolución patrimonial de los sujetos comprendidos en el artículo 12°, pudiendo exigir las aclaraciones y/o documentación adicional que considere pertinentes respecto del contenido de sus declaraciones juradas;

h) efectuar las denuncias ante la justicia penal en caso de advertir la posible comisión de un delito;

i) registrar con carácter público las sanciones administrativas y judiciales aplicadas por violaciones a la presente ley, las que deberán ser comunicadas por autoridad competente;

j) asesorar, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente ley.

Art. 22º: Procedimiento. Ante el incumplimiento de la presente ley, la autoridad de aplicación debe reunir el material probatorio necesario, notificar fehacientemente al funcionario auditado y recibir sus aclaraciones y explicaciones. El trámite debe ser actuado, no sujeto a formalidades y breve.

Luego, dicha autoridad, debe emitir un informe circunstanciado en el que consten las conclusiones extraídas del procedimiento efectuado, las faltas o irregularidades atribuidas y su opinión acerca de la calificación legal de los hechos investigados. Este dictamen es remitido a la autoridad con competencia para imponer sanciones.

Art. 23º: Control sobre la Autoridad de Aplicación. El control respecto del cumplimiento de la presente ley por parte de los miembros de la Auditoría General de la Ciudad, lo ejerce la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura.


Capítulo VIII
Sanciones

Art. 24º: Remoción del cargo. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley puede ser causal de remoción del cargo, según los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico aplicable a cada uno de los poderes, entes u organismos, de los que dependa el sujeto a sancionar.

Art. 25º: Multa. Cuando el incumplimiento a lo dispuesto por la presente ley derive en un daño a la Ciudad, susceptible de apreciación pecuniaria, se aplicará una multa de hasta tres veces el daño ocasionado.

Art. 26º: Suspensión del pago de haberes. Cuando alguno de los sujetos enunciados en el artículo 12° omitiera realizar la presentación de su declaración jurada en tiempo y forma, vencido el plazo de intimación, se dispondrá preventivamente la suspensión del pago de sus haberes hasta el efectivo cumplimiento de esa obligación.

Art. 27º: Inhabilitación para ejercer la función pública. Se podrá solicitar la inhabilitación judicial para ejercer cargos públicos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de hasta diez (10) años:

a) cuando alguno de los sujetos enunciados en el artículo 12° omitiera realizar la presentación de su declaración jurada al egresar de su cargo en tiempo y forma, una vez vencido el plazo de intimación;

b) cuando alguno de los sujetos comprendidos en el art. 2° no respetara el plazo posterior al egreso de su cargo para efectuar las actividades descriptas como incompatibles con el ejercicio de la función pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 6°.

Art. 28º: Responsabilidad civil y penal. Las sanciones previstas en este capítulo se aplican sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder de acuerdo a las leyes vigentes.


Capítulo IX
Disposiciones Suplementarias
Art. 29º: Derogación. Derógase el Decreto N° 1.381/GCBA/04 (BOCBA N° 2000/04) y su normativa complementaria.

Art. 30º: Reglamentación. La presente ley deberá ser reglamentada en el plazo de 120 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.


Capítulo X
Disposiciones Transitorias

Primera: Declaración jurada patrimonial de los funcionarios policiales. La obligación de presentar declaración jurada patrimonial para los funcionarios establecidos en el artículo 12º inc. k) será de aplicación una vez que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuente con fuerzas policiales propias.

Segunda: Plazo para presentar declaraciones juradas patrimoniales. Los sujetos enunciados en el artículo 12° que se encontraran en funciones al momento de la publicación de la presente ley, deben cumplir con la presentación de la declaración jurada patrimonial dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de su  reglamentación.

Tercera: Plazo para resolver incompatibilidades. Los sujetos comprendidos por el art. 2° que al momento de la publicación de la presente ley se encontraran desarrollando alguna actividad incompatible con el ejercicio de la función pública, conforme a lo dispuesto por el artículo 6°, deben concluir o resolver la situación que origina tal incompatibilidad, en un término de cuarenta y cinco (45) días corridos.

Art. 31 º: Comuníquese, etc.

 

Fundamentos


Presentamos a la consideración de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para regular el comportamiento ético en el ejercicio de la función pública.

Entendemos que la recurrente crisis moral en que se encuentra inmersa la República ha erosionado muy profundamente las instituciones democráticas, deslegitimando la función pública por la falta de credibilidad en quienes la ejercen.

Consideramos que los elevados niveles de corrupción estructural que afectan a nuestras instituciones públicas, claramente reflejados en la pésima calificación que ha obtenido la Argentina en las últimas mediciones realizadas por “Transparencia Internacional”, constituyen hoy una amenaza para la estabilidad y seguridad de nuestra sociedad, comprometiendo su desarrollo.

Cabe poner de resalto que en el índice de Percepción de la Corrupción 2008, elaborado por dicha organización, nos ubicamos entre los países con mayor corrupción de América Latina, ocupando el lugar 109 sobre un total de 180 países relevados. Según los parámetros del organismo, la corrupción de nuestro país es percibida actualmente como "desenfrenada".

Esta situación se ve agravada por la falta de respuestas adecuadas a demandas concretas y legítimas de la Sociedad Civil desde los poderes del Estado.

Estamos convencidos que frente a la crítica situación que atraviesa nuestro país; el alarmante y progresivo crecimiento de la inseguridad; la decadencia en los sistemas educativo y sanitario; la ruptura de la seguridad jurídica y la pérdida del sentido de lo público y del bien común, es necesario procurar soluciones a la vez urgentes y profundas, sentando las bases para una reforma integral y duradera del sector público.

Reconocemos como premisa ineludible de esta transformación la creación de un instrumento legal destinado a prevenir y combatir eficazmente la corrupción, capaz de generar mayores y más eficientes controles sobre la Administración y de coadyuvar al  fortalecimiento institucional.

La ciudadanía reclama un Estado eficaz y eficiente, guiado por pautas objetivas, pero –por sobre todo– al servicio del bien común.

Reconstruir la confianza en la gestión pública dependerá entonces, no sólo de la aplicación efectiva de las leyes y la implementación de políticas que permitan resolver la emergencia sino también, de reencauzar los fines que la misma persigue.

Creemos por ello imprescindible un marco regulatorio del comportamiento ético apropiado a la calidad de las instituciones que pretendemos.

En tal sentido, consideramos conveniente que la Ciudad de Buenos Aires, en pleno ejercicio de sus competencias y preservando su autonomía, sancione una ley de ética en el ejercicio de la función pública.

Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires, rigen diversas disposiciones que regulan la conducta de los funcionarios y obligan a declarar su patrimonio. Pero, en términos generales, la situación que percibimos denota cierta dispersión, profusión y en algunos casos confusión normativa, generada por la ausencia de legislación específica.
 
Razón por la cual proponemos este proyecto que, de convertirse en norma positiva, será la síntesis de la voluntad expresada por el conjunto de la sociedad de recuperar la ética en el ejercicio de la función pública y contribuirá no sólo a dignificar y jerarquizar la misma sino a establecer límites y restricciones al poder delegado.

Entendemos también, que la ley propuesta promueve la optimización del empleo de las aptitudes y conocimientos de los funcionarios en la prosecución del bien común y promete asegurar la transparencia en la gestión pública.

El presente proyecto es concordante con las normas nacionales en materia de ética pública, da cumplimiento a mandatos constitucionales y a los tratados internacionales que, en este sentido, ha suscripto y ratificado nuestro país.

Es importante mencionar, a este respecto, que se ha incorporado a la Constitución Nacional –luego de la reforma de 1994– una “cláusula ética”, estableciendo la obligación de sancionar una ley de ética para el ejercicio de la función pública por parte del Congreso Nacional –artículo 36 in fine– abriendo el camino para el surgimiento de nuevos instrumentos normativos.

Además, el Constituyente de 1994 supo consignar expresamente, en el artículo 36 de nuestra Carta Magna, que todo aquel que atenta contra la ética pública lo hace no sólo contra el Estado sino contra el propio sistema democrático.

Por su parte, la “Convención Interamericana Contra la Corrupción” (CICC), instrumento jurídico internacional suscripto por la Argentina en el marco de la Organización de Estados Americanos y luego ratificado por medio de la Ley 24.759, compromete a los Estado firmantes a promover y desarrollar una serie de medidas preventivas y de lucha contra la corrupción al interior de sus sistemas jurídicos e institucionales. En su cumplimiento, el Poder Ejecutivo Nacional instauró el Código de Ética de la Función Pública –que rige para la Administración Pública Nacional–  a través del Decreto 41/99.

Del mismo modo, debemos destacar que mediante el artículo 10° de la Constitución de la Ciudad: “Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen…”. Es así, que la CICC goza de rango constitucional en el ámbito de nuestra Ciudad y, por lo tanto, el compromiso asumido por la Nación de desarrollar los mecanismos que en ella se proponen, también, nos atañe. Al mismo tiempo, la Constitución local, en su artículo 80°, inciso dos, confiere a esta Legislatura la atribución de legislar en materia de ética pública.

Nuestra iniciativa responde, a su vez, a la invitación expresa que hace la Ley Nacional 25.188 de Ética de la  Función Pública –sancionada en virtud de la cláusula antes mencionada– en su artículo 47: “Se invita a las provincias al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires para que dicten normas sobre regímenes de declaraciones juradas, obsequios e incompatibilidades vinculadas con la ética de la función pública.”

La norma que impulsamos, alcanza a todas las personas que ejercen una función pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por elección popular o designación directa, en cualquiera de sus poderes u organismos, sin distinciones jerárquicas. Asimismo, comprende a los funcionarios públicos que se desempeñan en empresas y sociedades del Estado y en todas aquellas organizaciones donde la Ciudad tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Adoptamos, así, una perspectiva respecto de la función pública que reconoce, como tal, a toda actividad realizada en nombre o al servicio del Estado, bajo cualquier modalidad, con independencia del órgano o nivel jerárquico desde donde se ejerza, y que la distingue, principalmente, por el fin último y esencial que persigue, la realización del bien común.

Con el propósito, entonces, de elevar los estándares éticos de la Administración, proponemos principios generales, normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas, como así también, mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

Definimos como principios rectores del accionar de los agentes públicos los de probidad, idoneidad, responsabilidad y transparencia, precedidos por el deber de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente, con la finalidad de promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y una debida, adecuada y transparente gestión de los asuntos públicos.

Al mismo tiempo, incorporamos deberes y prohibiciones expresas que buscan regular la conducta deseable de los funcionarios, en relación al trato con sus pares y con el resto de los ciudadanos; relativas al uso de las prerrogativas y facultades propias del cargo; al desempeño de sus funciones; al uso y destino de la información, bienes, servicios, y recursos que integran el patrimonio de la Ciudad;  a la acumulación de cargos públicos; al  cumplimiento de los requisitos necesarios para desempeñar con idoneidad el cargo para el que han sido elegidos o designados y, por último, respecto a la designación de familiares en la función pública. Todas estas disposiciones pretenden orientar su accionar en la consecución del bien común, anteponiendo el interés público por sobre los intereses particulares.

Incluímos, además, la prohibición de aceptar obsequios u otros beneficios indebidos –medida que se ha generalizado en el derecho comparado– con el objeto de erradicar maniobras tan recurrentes como el soborno al funcionario para que haga o deje de hacer tareas relativas a su cargo, en beneficio de terceros.

Asimismo, fijamos incompatibilidades para todos los servidores públicos, accesorias de aquellas más específicas propias de cada función, con la finalidad de prevenir conflictos de interés.

Se considera que hay conflicto de intereses en aquellas situaciones en que existe la oportunidad de que el interés particular de un funcionario se interponga con el cumplimiento de sus obligaciones.

Buscamos, por tanto, identificar dichas situaciones procurando garantizar la transparencia, legalidad, y legitimidad de los procesos públicos de contratación, adjudicación, concesión, control y regulación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y evitar, entre otras cosas, el tráfico de influencias, los favoritismos en la selección de proveedores, las irregularidades en la competencia de oferentes, la connivencia de funcionarios en el desvío de fondos por el pago de sobreprecios o por la sub prestación de servicios y los privilegios en el control de concesiones de servicios privatizados.
 
Incorporamos, también, la obligación de excusarse frente a un actual o potencial conflicto de intereses, así como la de declarar cualquier otra actividad o empleo que desempeñen durante su permanencia en la función pública con el objeto de controlar el efectivo cumplimiento de las incompatibilidades establecidas.
 
Proponemos, por otra parte, un régimen de declaraciones juradas patrimoniales para los funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que permita observar y controlar la evolución de sus activos y pasivos, a fin de prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito.

Dicho régimen concuerda con el vigente a nivel nacional, instaurado por medio de la Ley 25.188 contempla, igualmente, el sistema de doble sobre garantizando  tanto  la publicidad de la información –de conformidad con lo dispuesto en el art. 3º de la Ley 104 de Acceso a la Información– como la confidencialidad de los datos que identifican los bienes consignados, procurando proteger la intimidad y seguridad del declarante.

Con su aprobación se pretende, a su vez, reglamentar el mandato contenido en el artículo 56 in fine de la Constitución de la Ciudad: “Los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales. Deben presentar una declaración jurada de bienes al momento de asumir el cargo y al tiempo de cesar.”

Respecto de la obligación impuesta por el artículo 56 in fine, se ha expedido oportunamente la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. En su informe final del año 2003, concluye que: “…No se dictaron, a la fecha de elaboración del presente informe, normas reglamentarias del precepto constitucional (art.56 in fine) ni se adhirió expresamente al régimen actualmente vigente en el orden nacional con las adecuaciones pertinentes y tampoco fueron corregidas las evidentes deficiencias en el régimen instituído por el Decreto PEN Nº 1639/89.”, puesto en vigencia a través del Decreto Municipal N° 514/91.

Por último, recomienda: “Con respecto al marco normativo vigente y a la falta de sanción de un régimen propio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en base a las inconsistencias legales, la unificación de normas y criterios aplicables a los funcionarios obligados a presentar las Declaraciones Juradas…”, y agrega: “La Legislatura de la Ciudad debería proceder a la sanción de la ley reglamentaria del mandato constitucional contenido en el art. 56 in fine…”.

Si bien, el Poder Ejecutivo ha dispuesto un nuevo régimen de declaraciones juradas para los funcionarios públicos de la Ciudad por medio del Decreto N° 1.381/GCBA/04 (BOCBA N° 2000/04), consideramos que debe ser la Legislatura en su rol fundamental y conforme al artículo 80° de la Constitución, la responsable de reglamentar el citado mandato constitucional.

Reconociendo, entonces, que resulta necesario contar con un régimen propio y adecuado de declaraciones juradas patrimoniales para dichos funcionarios, y con la firme convicción de que nuestra  propuesta en este sentido constituye un mecanismo jurídico eficaz en la lucha contra la corrupción, la integramos a la presente iniciativa para su consideración.

En otro orden, la CICC recomienda la creación de órganos de control superior con facultades y competencias específicas para la prevención e investigación de la corrupción. Sin embargo, la experiencia en el ámbito nacional nos indica que dicha medida, per se, no garantiza que esto efectivamente se lleve a cabo.

La Oficina Anticorrupción, creada con este fin en el año 1999 (Decreto PEN 102/99) constituye un claro ejemplo de ello, puesto que su accionar no ha evitado la sucesión de hechos de corrupción protagonizados por altos funcionarios de gobierno y, mucho menos, ha propiciado su esclarecimiento.

Entre los escándalos más recientes podemos citar, en primer lugar, el caso "Skanska", en el cual se encuentran investigados por el delito de cohecho funcionarios del poder ejecutivo nacional, en el marco de la causa por el pago de sobreprecios para la construcción de dos gasoductos. En segundo término, el confuso episodio que involucra a un empresario venezolano que intentó ingresar, sin declarar, una valija con casi ochocientos mil dólares, nada más ni nada menos, que en un vuelo contratado por ENARSA y en el que, también, viajaban funcionarios del actual gobierno como el ex titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI). En último lugar, no podemos dejar de señalar la causa en la que se encuentra imputada la ahora ex Ministra de Economía, Felisa Miceli, por el hallazgo de una bolsa con dinero -presuntamente proveniente del Banco Central- en el baño de su despacho oficial.

Convencidos, entonces, de que hechos de esta gravedad no se erradican creando nuevas estructuras administrativas que impliquen, más cargos y más presupuesto, sino con el firme propósito de combatir la corrupción estructural y con verdadera vocación para producir los cambios que en este sentido sean necesarios, es que procuramos una alternativa inteligente y que estuviera a nuestro alcance.

En esta búsqueda, recurrimos nuevamente a la Constitución local que en su artículo 132º establece que: “La Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia. Comprende el control interno y externo del sector público…”.

A su vez, la Ley 70 de Sistemas de Gestión Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, en su artículo 137º, sostiene que la Auditoría General de la Ciudad, que ejerce el control externo del sector público en sus aspectos económicos financieros, patrimoniales, de gestión y legalidad, “… es la encargada de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 56 in fine de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”

Sobre la base de estos antecedentes normativos, acordamos en establecer a la Auditoría General de la Ciudad como autoridad de aplicación de la presente ley, otorgándole nuevas funciones y atribuciones. Destacamos entre ellas, el control de la presentación de las declaraciones juradas y el seguimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios obligados a su presentación, siendo además, responsable de su custodia y archivo. Asimismo, debe recibir e investigar denuncias por violaciones a la presente ley o actuar de oficio ante el eventual incumplimiento de alguna de sus disposiciones.

Por último, el proyecto prevé sanciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder de acuerdo a las leyes vigentes. Dichas sanciones serán impuestas por la autoridad con competencia para aplicarlas.

En suma, interpretamos que la gravedad de las circunstancias nos imponen dar respuestas concretas que permitan afrontar el flagelo de la corrupción y contener todas aquellas conductas reprochables, promoviendo la probidad administrativa y la transparencia en el manejo de los asuntos públicos –de modo tal– de recuperar la ética en el ejercicio de la función pública, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

En tal sentido, convocamos a esta Legislatura a realizar los máximos esfuerzos tendientes a la aprobación de un instrumento jurídico indispensable a fin de satisfacer dicha aspiración.

Finalmente, queremos señalar que para la elaboración de este proyecto hemos tomado como antecedentes normas locales, provinciales, nacionales y extranjeras de distinto rango, relacionadas con la ética pública y, a su vez, hemos rescatado el valioso trabajo realizado en años anteriores por las Comisión de Legislación General y del Trabajo, la Comisión de Justicia y la Junta de Ética respecto de esta cuestión, utilizando como fuente el despacho 2581 correspondiente al año 2002.

Por lo expuesto, solicitamos el tratamiento y sanción del presente proyecto de ley.

 
 
Dr. MArtín Borrelli
Búsquedas avanzadas
Opinión
Estado policial y portación de armas de fuego
 

Pretendemos vivir en una sociedad organizada donde cada uno de los ciudadanos cumpla las reglas básicas fijadas para poder determinar una convivencia pacifica entre todos. Para ello, el Estado tiene la obligación de fijar deberes impuestos para la vida en comunidad.

Para su cumplimiento es que las sociedades modernas han desarrollado el concepto de Poder de Policía del Estado, el cual la doctrina y jurisprudencia pacifica de nuestros tribunales definieron como la potestad jurídica en virtud de la cual el Estado, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, la moralidad, la salud y el bienestar general de la población, impone por medio de la ley limitaciones al ejercicio de los derechos individuales, a los que no puede alterar, en tanto este poder describe una facultad de esencia legislativa que implica la posibilidad de reglamentar y por ende limitar derechos.

Y, en parte, para hacer efectivo este poder de policía es que el Estado debe organizarse con miembros de Fuerzas de Seguridad que hagan cumplir los preceptos dispuestos por la ley. Todos estos miembros contienen un estado policial.

Este estado policial es indelegable y permanente en cada una de las personas que integran las fuerzas. El concepto de estado policial es univoco y no plantea interpretaciones difusas que pudiesen dar lugar a planteos divergentes en materia de política de seguridad.

Leer más...

Prensa
Suscríbase al News Letter
Destacados
 

Martín Borrelli todos los derechos reservados - Diseño web Webss Internet